Código de Referencia: ES.28079. AHBE/1

Título /Nombre Atribuído: Banco de España

[f] 01-01-1782 -

Nivel de Descripción: Fondo

Historia Archivística:

Historia Institucional/Reseña Biográfica: El Banco de España tiene su origen en el Banco de San Carlos, fundado por Real Cédula de Carlos III de 6 de junio de 1782. La causa inmediata de su fundación puede encontrarse en la contienda entre Francia e Inglaterra por la independencia de las colonias americanas, en la que España intervino a partir de abril de 1779 en alian za con Francia. La imposibilidad de la Monarquía hispánica de atender con los medios tradicionales a unos gastos sin precedentes consecuencia del conflicto, forzó al Gobierno a aceptar la propuesta de Francisco Cabarrús, un brillante hombre de negocios de origen francés afincado en España, de emitir un nuevo tipo de deuda pública, los vales reales. Dichos títulos, con un interés del 4 %, podían ser admitidos en todas las cajas públicas y gozaban de curso legal, excepto para el pago de salarios y pensiones del Estado y el comercio al por menor. Esto los convirtió en el primer papel moneda de la historia de España. Tras la imparable depreciación de los vales reales, y con el objeto de combatirla, el 12 de octubre de 1781 Cabarrús presentó al conde de Floridablanca, primer ministro, un proyecto detallado para la creación de un banco nacional, que el monarca aceptó. El capital del banco se estableció en 300 millones de reales de vellón. Para extender la propiedad del banco y evitar el monopolio, el capital se dividió en 150.000 acciones de 2.000 reales cada una (artículo V de la Real Cédula de creación), bastante inferior al valor nominal de las acciones españolas de empresas contemporáneas (Hamilton 1970, p. 206). El banco, de propiedad privada, quedó establecido bajo protección real, aunque ningún accionista, ni siquiera el rey, que poseía mil acciones, ejercía un control especial. La configuración de la Junta de Accionistas como órgano soberano de la administración del banco, caracterizó al Banco de San Carlos como una institución moderna, propia de una economía de mercado (Tedde 1982, p. 18). La cédula de creación del banco expresaba los fines de la entidad en sus artículos 2.º, 3.º y 4.º: la reducción a dinero efectivo y a la par de las letras de cambio, vales reales y pagarés, con una comisión del 4 % anual; el abastecimiento de víveres al Ejército y la Marina, dentro y fuera del reino, y de vestuario a las tropas de España y América, por un período no inferior a veinte años, con una comisión del 10 %; y el pago de todas las obligaciones del Real Giro en el extranjero, es decir, el envío de dinero a las embajadas y legaciones, con una comisión del 1 %. Una vez fundado el banco, Cabarrús consiguió una importante concesión del Gobierno, el monopolio de extracción de plata, un negocio con altas posibilidades de obtener beneficios. Además, en sus primeros años el banco abordó otras empresas, desde la participación en otras sociedades, como la Real Compañía de Filipinas, hasta las obras públicas, concediendo importantes préstamos para la construcción del puerto del Grao en Valencia, el canal de Murcia, el camino de Madrid a La Granja por Navacerrada, el camino desde Oviedo a Gijón o los canales del Manzanares y Guadarrama, estos últimos como parte de un proyecto de mayor envergadura que consistía en abrir un canal navegable desde las inmediaciones de Madrid hasta el puerto de Sevilla.

La primera Junta de Accionistas se celebró el 20 de diciembre de 1782 en la casa de Manuel Ventura Figueroa, gobernador del Consejo de Castilla, y a ella asistieron ochenta y cinco accionistas y delegados. En ella quedó configurada la estructura organizativa del Banco de San Carlos de la siguiente manera: seis directores bienales, más dos de provisiones; y un secretario, un tenedor de libros y un cajero, que estaban a la cabeza de las tres dependencias sobre las que se organizó el Banco: Secretaría, Teneduría y Caja. A cada una de ellas iban asignados los oficiales mayores, oficiales de diversas categorías, ayudantes de caja, cobradores, escribientes y porteros. La plantilla quedó configurada en treinta y seis empleados (Tedde 1988, pp. 79-83). Se nombraron los seis directores que la cédula fundacional establecía que compondrían la Junta de Dirección o de Directores, más tarde llamada de Gobierno (Reglamento de 1790), que permanecían en el cargo dos años, cesando cada año la mitad. Tres de ellos debían ser hombres de negocios, mientras que los otros tres eran escogidos «entre la nobleza o los ciudadanos». Entre los hombres hombres de negocios se nombró a Juan Bautista Rossi, Gregorio Joyes y Pedro Bernardo Casamayor. Del segundo grupo se eligió al conde de Altamira, al marqués de Matallana y a José del Toro Zambrano. En esta junta, los accionistas decidieron nombrar a Cabarrús director nato honorario con voto en todas las Juntas de Dirección. Como directores de Provisiones de la Marina y el Ejército se propusieron cuatro candidatos, de los que fueron designados por el rey Juan Drouilhet y Juan José de Goicoechea. Asimismo, de la Junta salieron los nombramientos de los tres empleados principales del banco: el nombramiento de secretario recayó en el escribano de número Benito Briz, el de tenedor de libros, en Pedro Davout, y el de cajero, en Joaquín Pablo Goicoechea.

Como sede fue alquilado el palacio del conde de Sástago, en el número 7 de la calle de la Luna, de Madrid, manzana 447, cuyas obras de reforma y adaptación estuvieron a cargo del arquitecto Pedro Arnal, que amplió la construcción con una torre en la esquina con la calle Silva que unificaba el aspecto exterior del edificio. La primera emisión de billetes de banco o cédulas del Banco de San Carlos (dinero no metálico) en 1783 ascendió a 52 millones. Las denominaciones de los billetes de la primera emisión, fechada el 1 de marzo de 1783, fueron de 200, 300, 500, 600, 700, 900 y 1.000 reales de vellón. Hubo una segunda emisión o reimpresión en el año 1798. Los enfrentamientos con la Francia revolucionaria y la reanudación del conflicto con Inglaterra en la última década del siglo xviii provocaron dificultades cada vez mayores para el Banco de San Carlos. La deuda del Estado crecía de modo imparable y el crédito del banco disminuía, por lo que resultaba imposible repartir beneficios. La invasión napoleónica empeoró aún más la situación, aumentando el Gobierno de Bonaparte la presión sobre las exhaustas arcas del banco. La Caja de Cádiz, por su parte, ayudó en lo que pudo al Gobierno legítimo. Cuando se reunificó el banco tras la salida de los franceses, la proporción de la deuda del Gobierno sobre sus activos totales ascendía al 86 %. La deuda iba creciendo y cada vez le era más difícil al Estado devolverla. La solución la proporcionó en 1829 el ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, al establecer el sistema de presupuestos anuales para el fisco. López Ballesteros se dio cuenta de la necesidad de contar con una institución de crédito capaz de anticipar fondos a corto plazo al Tesoro, a fin de salvar el desfase entre los gastos en que se había de incurrir desde el comienzo del ejercicio presupuestario y la percepción efectiva de los impuestos y del resto de los ingresos ordinarios del Estado. Por ello, decidió llegar a un acuerdo con los accionistas de la institución, según el cual los créditos contra el Estado, por un valor de 316 millones de reales, se canjearían por la entrega en metálico de 40 millones de reales. Estos 40 millones constituirían el capital fundacional del Banco de San Fernando, continuador del Banco de San Carlos y antecesor directo del Banco de España (Tedde 1999b, p. 430).

El Banco Español de San Fernando nació por Real Cédula de 9 de julio de 1829 con un capital social de 60 millones de reales distribuidos en 30.000 acciones, aunque el capital inicial se redujo a 40 millones, que era el patrimonio recibido del Banco de San Carlos.

Su organización se basaba en la existencia de cuatro órganos: la Junta General de Accionistas, la Junta de Gobierno, una Dirección y un comisario regio de nombramiento real con funciones de supervisión de las decisiones del resto de los órganos. La Junta de Gobierno, tras la reforma estatutaria de 1833, se componía de un director, siete consiliarios y dos síndicos, uno de nombramiento real y otro nombrado por la Junta de Accionistas. El Banco de San Fernando tenía capacidad de emitir billetes, pero restringida a la capital del reino, no pudiendo ser de cuantía superior a 4.000 reales ni inferior a 500.En 1847 se fusionaron el Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, siendo ministro de Hacienda el banquero y hombre de negocios José Salamanca Mayol, aunque la fusión había sido preparada por Ramón Santillán cuando este se encontraba al frente del Ministerio. El banco resultante de la fusión conservó el nombre de Banco de San Fernando. El Banco de Isabel II había nacido como banco emisor por Real Decreto de 25 de enero de 1844 y a su frente se encontraban importantes hombres del mundo de la política y de los negocios, como Gaspar Remisa, Manuel Gaviria, Juan Bravo Murillo, Manuel Agustín Heredia o José Salamanca, este último el verdadero hombre fuerte de la entidad.

El Banco fue reorganizado por la ley aprobada el 23 de abril de 1849, por la que se creaban las figuras de un gobernador y dos subgobernadores al frente de la institución de designación ministerial, recayendo en Ramón Santillán el nombramiento de primer gobernador. Santillán emprendió la reforma interna del Banco de San Fernando, logrando reducir paulatinamente la suma de préstamos de dudosa realización y de cuentas pendientes de quiebras y litigios. El Banco fue de nuevo reorganizado por la Ley de 15 de diciembre de 1851, que defendió en el Congreso de los Diputados el ministro Juan Bravo Murillo.La Ley de 28 de enero de 1856, que cambió el nombre de Banco de San Fernando por el de Banco de España, permitió la apertura de entidades de emisión y descuento en aquellas ciudades en las que previamente no hubiera sucursales del Banco de San Fernando o bancos independientes. De estos últimos, solo había dos en 1856, el Banco de Barcelona y el Banco de Cádiz. Al cabo de dos años habían sido creados otros siete, y poco después estaban abiertos diez más. La ley concedía al Banco de España la posibilidad de abrir sucursales en varias capitales en el plazo de un año, pero solo tuvo oportunidad de hacerlo en Valencia y Alicante en 1858. La consecuencia más importante de la pluralidad de bancos de emisión y descuento fue el importante incremento de la circulación fiduciaria en toda la nación.

La primera emisión de billetes bajo el nombre de Banco de España se produjo en 1856 con valores de 100, 200, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 reales. El real, como unidad monetaria, se mantuvo hasta 1864, momento en el que se declaró como unidad básica al escudo, equivalente a diez reales. Cuatro años después, siendo ministro de Hacienda Laureano Figuerola, se decretó como unidad básica del sistema español la peseta, dividida en 100 céntimos. Por Decreto de 19 de marzo de 1874, firmado por el ministro de Hacienda, José Echegaray, a cambio de un préstamo de 125 millones de pesetas, que nunca llegó a ser devuelto, el Banco de España obtuvo el monopolio de emisión de billetes. La medida, tomada para solucionar los problemas de un Estado en una virtual situación de bancarrota, a la larga resultó acertada y sentó las bases de un nuevo sistema monetario y fiscal que iba a durar cerca de un siglo y que tuvo gran importancia en la recuperación de la Hacienda pública (Tortella 2006). Con el tiempo, el monopolio convirtió al Banco de España en una potencia financiera y lo situó en una posición dominante dentro del sistema financiero español.De los bancos existentes en 1874, tan solo cuatro se decidieron por continuar su actividad como bancos comerciales (Barcelona, Bilbao, Reus y Tarragona). Doce de los antiguos emisores optaron por fusionarse con el Banco de España, convirtiéndose en sus sucursales. De esta manera, en 1874 el Banco de España se encontró con catorce sucursales, pues se sumaron a las doce nuevas las de Valencia y Alicante, existentes desde 1858. La red de sucursales creció con rapidez en los primeros años del monopolio, alcanzando el número de veintidós en 1880, cincuenta y ocho a finales del siglo y setenta en 1957, con la apertura de la última en Ceuta. Además, entre 1902 y 1920 se abrieron agencias en Londres (1902), París (1902), Berlín (1903), Tánger (1909), Larache (1920) y Tetuán (1920).
No fue hasta 1874 cuando se emitieron los primeros billetes en pesetas, a pesar de que desde 1868 se había establecido la peseta como base unitaria del sistema monetario. Las denominaciones partían de 25 pesetas (equivalente a 100 reales), con un máximo de 1.000 pesetas (o 4.000 reales). En los siguientes años, la difusión de billetes de banco y de la unidad monetaria nacional estuvo a cargo del Banco de España.

Debido a la necesidad de una mayor estructura central para la coordinación de sucursales, la fabricación de billetes y la creciente complejidad en la gestión del cobro de las contribuciones directas por el convenio firmado con la Hacienda en 1867, en 1881 el Consejo de Gobierno se decidió por un cambio de edificio. En 1882 se adquirió el palacio del duque de Sesto, marqués de Alcañices, situado en la calle de Alcalá esquina al paseo del Prado, para construir un edificio de nueva planta. Entre 1886 y 1887, al solar inicial se sumaron otros en la línea del paseo del Prado hasta alcanzar la calle de Los Madrazo, con los que se logró ampliar el solar y regularizar la manzana. El proyecto, firmado en 1883, se encargó a los arquitectos del Banco, Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, y el edificio se inauguró el 3 de marzo de 1891. Más adelante se vería ampliado hasta en tres ocasiones, en 1936 (arquitecto José Yárnoz Larrosa), en 1975 (arquitectos Juan de Zavala Lafora y Javier Yárnoz Orcoyen) y en 2006 (arquitecto Rafael Moneo Vallés), hasta lograr el cierre de la manzana (Navascués Palacio 1982 y 2015; Serrano García 2015).

El privilegio de emisión fue renovado en 1891 por otros treinta años y se amplió el tope de emisión de 750 millones a 1.500 millones. El crecimiento del Banco se reflejó principalmente en el gran aumento del volumen de billetes en circulación, que pasó de 71 mi-
llones de pesetas en 1874 a 1.518 millones en 1899 y a 1.974 millones en 1914. Las razones de este aumento deben buscarse en la demanda de crédito por parte del Tesoro, el crecimiento de la economía y la progresiva preferencia del público por el papel moneda frente a la moneda metálica. Fueron años de grandes beneficios para el Banco y sus accionistas. El decreto de emisión había convertido al Banco de España en un verdadero «banco nacional» (Anes 1974; Martín-Aceña 2017, p. 34).El Banco colaboró con eficacia en el Plan de Estabilización de Villaverde. El convenio firmado con el Estado en 1899 garantizaba la prestación de una serie de medidas que serían claves, a saber, la reducción del tope de emisión de 2.500 millones a 2.000 millones de pesetas, la reducción a la mitad del interés de la deuda de ultramar que guardaba en cartera y un nuevo préstamo de cien millones de pesetas al Ministerio de Hacienda. Hacia final de siglo, el Banco de España dominaba el sector bancario, y su capital repesentaba un 43 % de todo el capital bancario español. No tenía encomendadas, en principio, ninguna de las funciones propias de un banco central, si exceptuamos la de ser banquero del Estado. Pero, por su carácter de emisor exclusivo, el Banco asumía otras funciones de un banco central, como la regulación de la oferta monetaria conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. En 1913 actuó por primera vez como prestamista en última instancia, al acudir al rescate del Banco Hispano Americano, que había suspendido pagos, mediante la concesión de un crédito de 12 millones de pesetas, resultando la intervención decisiva en la recuperación de la confianza del público en la entidad privada. A partir de entonces, ejerció el papel de prestamista en última instancia con otros bancos (Tortella 2006, p. 128).

Fue la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, o Ley Cambó, la que fijó por primera vez las funciones del Banco de España como banco central, prestamista en última instancia y ejecutor de la política monetaria y cambiaria del Gobierno, marcando durante los siguientes años el marco institucional en que se desarrollaría la actividad del Banco, al tiempo que definía sus relaciones con el Tesoro y con los bancos privados. Durante la Guerra Civil española (1936-1939), la comunidad monetaria se escindió, no reconociendo cada bando en conflicto validez a los billetes del otro bando. A su vez, el Banco se dividió en dos instituciones independientes, controladas respectivamente por el Gobierno de la República y el Gobierno franquista, cada una con sus respectivos órganos de gobierno. La administración afín al Gobierno republicano permaneció en Madrid hasta que la capital de la República fue trasladada a Valencia en noviembre de 1936, y posteriormente a Barcelona en septiembre de 1937. El gobernador continuó siendo Luis Nicolau D’Olwer. En Burgos, el subgobernador primero, Pedro Pan, junto con los consejeros que se habían pasado a la zona, organizaron la administración del Banco de España del bando franquista. Cada administración realizó sus propias emisiones de billetes y facilitó a sus respectivos Gobiernos el dinero necesario para sostener los gastos de la guerra. Al finalizar la contienda, la institución fue reunificada. Uno de los episodios más conocidos de aquellos días fue la pérdida casi total de las reservas de oro del Banco de España, acumuladas por la entidad sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. Por orden del Gobierno, la totalidad del oro custodiado en la recién estrenada cámara acorazada del Banco de España fue trasladado en septiembre de 1936 a los polvorines de La Algameca, en la base naval de Cartagena, desde donde a su vez se transportó una parte a Francia para su venta y otra a Moscú para su depósito y posterior venta. Al final, el oro acumulado durante la Primera Guerra europea se empleó durante la Guerra Civil para la compra de armamento y municiones (Sardá 1970; Martín-Aceña 2001).

Una de las medidas de normalización monetaria tomadas tras la finalización de la contienda fue la Ley de 13 de marzo de 1942, que determinó la liquidación de los ejercicios del Banco de España de 1939 a 1941, reunificando los balances de las dos entidades que actuaron durante el conflicto. La fusión implicó la baja en el pasivo de los billetes en circulación de la zona republicana y la eliminación del activo total de las reservas de oro y de los anticipos del Banco al Tesoro republicano (Martín-Aceña 2006, p. 154).La Ley de Ordenación Bancaria de 1946 renovó el privilegio de emisión de billetes y, aunque no nacionalizó el Banco, lo sometió a una estricta reglamentación, pasando todas las atribuciones en materia de política monetaria interior al Ministerio de Hacienda y las de política monetaria exterior al Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), dependiente del Ministerio de Comercio. Durante el período autárquico, el intervencionismo estatal caracterizó las relaciones de las autoridades nacionales con el Banco de España.

El Plan de Estabilización de 1959 puso fin a la autarquía, España abandonó el aislamiento y se abrió al exterior, ingresando en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y en la Organización Europea para la Cooperación Económica. La Ley 2/1962, de 14 de abril, dictó las Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, creando un nuevo marco institucional para las actividades de las entidades de crédito y ahorro. Parte importante de esa reforma fue la nacionalización del Banco de España por el Decreto Ley 18/1962, de 7 de junio. Al instituto emisor se le otorgaron atribuciones de un banco central, como la emisión de billetes de curso legal, la ejecución de la política monetaria con arreglo a las directrices del Gobierno, el control y vigilancia de la banca privada y la regulación del mercado del dinero. El movimiento de pagos exteriores y la constitución de reservas metálicas y de divisas no le fueron encomendados hasta finales de 1969, cuando se traspasaron las funciones operativas del IEME al Banco de España (Decreto 2799/1969, de 14 de noviembre). En 1973 se extinguió el IEME (Decreto Ley 6/1973, de 17 de julio), dividiéndose sus funciones entre el Banco de España y el Ministerio de Comercio. Al primero se le traspasaron el movimiento de pagos exteriores, la centralización de las reservas metálicas y de divisas y las demás funciones de carácter operativo ejercidas por el instituto; al segundo, las funciones de carácter administrativo, para lo que se creó la Dirección General de Transacciones Exteriores, dependiente de Ministerio de Comercio.

La Ley 30/1980, de 21 de junio, de Órganos Rectores del Banco de España, le confirió un alto grado de autonomía, al tiempo que le transfirió la totalidad de la responsabilidad en materia de supervisión y disciplina bancarias, mientras que la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, le hizo totalmente responsable de la política monetaria, garantizando su independencia respecto del Gobierno. En 1998 el Banco se integró en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), de modo que la política monetaria se transfirió al Banco Central Europeo. En 2014 se realizó el traspaso de las funciones de supervisión de las entidades más significativas al Mecanismo Único de Supervisión.

Forma de Ingreso: OTROS

Observaciones del Ingreso:

Nombre del/los productor/es:

Alcance y Contenido: En el Archivo Histórico del Banco de España se conservan los documentos generados en el ejercicio de sus funciones por el Banco de San Carlos (1782-1829), el Banco de San Fernando (1829-1856), el Banco de Isabel II (1844-1847) y el Banco de España (1856- ). A los efectos de organización del Archivo, ya en el siglo xix los documentos de estas entidades se clasificaron por su vinculación directa con los grandes órganos de producción de la entidad, los cuales dieron origen a las cuatro primeras grandes secciones en las que se articula actualmente el archivo: Órganos de Gobierno, Secretaría, Intervención y Caja, esta última dividida desde 1852 en Caja de Efectivo y Caja de Efectos. En cada una de ellas se agrupan, por consiguiente, los documentos procedentes de dichos órganos productores, de los cuatro bancos mencionados, sin solución de continuidad entre unos y otros.
En 1858 se crean las dos primeras sucursales (Valencia y Alicante) y, a partir de 1874, el resto, alcanzando el número de setenta sucursales y seis agencias en 1957. Los documentos generados propiamente por las sucursales y agencias del Banco forman la sección de Sucursales.A semejanza de otras instituciones, hacia 1870 se creó en el Banco de España el Registro, donde se centraliza la recepción y expedición de documentos y escritos y su registro. Todos estos documentos conforman la sección Archivo del Registro.No se crearon nuevas oficinas en el Banco hasta principios del siglo xx —Dirección General de Sucursales, Operaciones y Asesoría Jurídica, en 1901—, constituyendo los documentos procedentes de estas oficinas tres nuevas secciones del Archivo. En 1930 se creó el Servicio de Estudios, que en el Archivo constituye una nueva sección.

La nacionalización de 1962, que sienta las bases para la conversión del Banco de España en el banco central de la nación, le otorgó nuevas funciones, reflejo de las cuales se generaron en el Archi-
vo nuevas secciones. En concreto, el Decreto Ley 18/1962, de 7 de junio, de nacionalización y reorganización del Banco de España, le atribuyó las funciones de control e inspección de la banca privada, hasta entonces encomendadas a la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones, dependiente del Ministerio de Hacienda, creándose a tal efecto la oficina de Banca Privada. La sección Banca Privada constituye, por consiguiente, una nueva sección del Archivo y en ella se conservan no solo los documentos generados por el propio Banco de España en el ejercicio de su función supervisora, sino también los documentos que se habían tramitado en los organismos antecesores de algunas de las funciones que se encomiendan al Banco, a saber, la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones (Ministerio de Hacienda) y con ella la Dirección General de Previsión (Ministerio de Trabajo), que se transfieren al Banco.

Para asumir las funciones operativas ejercidas por el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) hasta 1969, se creó en 1973 en el Banco de España el Departamento Extranjero, cuyo reflejo documental en el Archivo es la sección Departamento Extranjero, en la que se integraron asimismo los documentos transferidos desde el IEME relativos a las funciones asumidas. En efecto, por Orden de Presidencia de Gobierno de 6 de septiembre de 1973, los documentos, antecedentes y archivo del extinguido IEME se dividieron entre el Banco de España y el Ministerio de Comercio, trasladándose a cada organismo los documentos correspondientes a las funciones que asumía. La conversión del Banco de España en el banco central del país lo transformó en su organización y funciones. Adquirió mayor complejidad administrativa, generándose oficinas nuevas, algunas de las cuales nacieron de otras previamente existentes. A partir de 1970 surgieron, entre otras, las oficinas de Personal, Inspección de los Servicios y Administración y Obras, todas ellas consecuencia de una importante reorganización administrativa, cuyos documentos generan nuevas secciones del Archivo. El actual Archivo Histórico del Banco de España ha heredado de sus antecesores la conformación de una sección un tanto atípica, la sección Libros de contabilidad, copiadores de cartas y otros registros, formada por la reunión de todos aquellos documentos generados de modo encuadernado, con independencia de las oficinas que los producían. Eso significa que en ella se agrupan los documentos encuadernados de una gran parte de los órganos productores del Banco: Secretaría, Intervención, Caja de Efectivo o Metálico, Caja de Efectos o Valores, Operaciones, Dirección General de Sucursales, Banca Privada y Personal, que al ingresar en el Archivo fueron desagregados de sus secciones de procedencia para integrarse en la sección Libros. Por consiguiente, para conocer la producción documental de cada uno de esos órganos productores, se deben analizar, además de los documentos custodiados en sus secciones correspondientes, los conservados en la sección Libros de contabilidad, copiadores de cartas y otros registros.

En 1997, la Asociación Española de Banca cedió al Archivo Histórico del Banco de España parte de los documentos del extinguido Consejo Superior Bancario (1921-1994), que conforman la sección Consejo Superior Bancario.Con objeto de mejorar su preservación o debido a su propio modo de ser generados, se conservan varias colecciones de documentos, a saber, Colección de planos de arquitectura, Colección de fotografías, Colección de títulos mercantiles y Colección de letras de cambio. Por último, determinados altos cargos del Banco han ido transfiriendo sus archivos al cese de su actividad. Con esos documentos se ha ido formando la sección Alta administración, que se subdivide en tantas partes como remisores existen.

Valoración, Selección, Eliminación:

Nuevos Ingresos:

Organización:

Condiciones de Acceso: Acceso libre, identificación a través de documento oficial de identidad, solicitud de cita previa y expresión del tema de consulta.

Condiciones de Reproducción:

Lengua/escritura(s) de los Documentos:

Características Físicas y Requisitos Técnicos:

Estado Conservación: ---

Observaciones Conservación:

Índices de Descripción:

Instrumentos de Descripción:

• Inventarios o Catálogos por Secciones.

Existencia y Localización de los Originales:

Existencia y Localización de las Copias:

Unidades Relacionadas por Procedencia:

Otras Unidades Relacionadas:

Notas de Publicaciones:

Notas: FECHA DE LA DESCRIPCIÓN 2018.

Control de la Descripción - Notas del Archivero: Descripción preparada por Elena Serrano García, especialista en archivos. Archivo Histórico del Banco de España.

Control de la Descripción - Reglas o Normas: La descripción del fondo y 1.as divisiones de fondo se ha adaptado a las normas ISAD (G) (Norma Internacional General de Descripción Archivística).

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